Comentaba la semana pasada en este mismo espacio que, por temas relacionados con la humanización de la atención, en nuestra residencia de mayores habíamos decidido hacer oídos sordos al apartado de la Orden del BOJA del pasado 1 de septiembre que obligaba a que un nuevo ingreso pasara sus primeros catorce días de «adaptación» en cuarentena: es decir, aislado, sin actividades grupales y sin relación directa con su familia, entre otras lindezas.
El caso es que justo el jueves pasado tuvimos un ingreso y, tal y como valoramos con sus pros y sus contras, pasó a observación, pero sin aislamiento, compartiendo espacios comunes y actividades con el resto de residentes, porque venía de su casa, sin salir y con la PCR negativa. Como parece ser que en el Centro de Salud de zona andan bastante preocupadas por el bienestar de las personas mayores, la enfermera encargada de la evolución de la COVID-19 nos preguntó por el aislamiento del nuevo ingreso; nuestro enfermero le explicó la situación y la decisión tomada en equipo. Ante tal desfachatez, la enfermera, en un inusitado ataque de deber cívico, se puso en contacto con la directora para advertirle de que la decisión era de la residencia, pero que si sucedía algo la responsabilidad era también nuestra y, particularmente, de ella como representante legal de la entidad.
A mí me cuesta bastante ser políticamente correcto. Iba a decir que posiblemente porque no soy el director, pero lo fui de otro centro y tampoco llamaba mucho la atención por callarme lo que pensaba. Es curioso cómo repartimos las culpas. Se me ocurrieron varias cosas sobre la marcha según me comentaba una compañera la frase de marras, soltada con una absoluta falta de sensibilidad, empatía y asunción de obligaciones por parte de Sanidad. Por ejemplo: Sigue leyendo