Comentaba la semana pasada en este mismo espacio que, por temas relacionados con la humanización de la atención, en nuestra residencia de mayores habíamos decidido hacer oídos sordos al apartado de la Orden del BOJA del pasado 1 de septiembre que obligaba a que un nuevo ingreso pasara sus primeros catorce días de «adaptación» en cuarentena: es decir, aislado, sin actividades grupales y sin relación directa con su familia, entre otras lindezas.

      El caso es que justo el jueves pasado tuvimos un ingreso y, tal y como valoramos con sus pros y sus contras, pasó a observación, pero sin aislamiento, compartiendo espacios comunes y actividades con el resto de residentes, porque venía de su casa, sin salir y con la PCR negativa. Como parece ser que en el Centro de Salud de zona andan bastante preocupadas por el bienestar de las personas mayores, la enfermera encargada de la evolución de la COVID-19 nos preguntó por el aislamiento del nuevo ingreso; nuestro enfermero le explicó la situación y la decisión tomada en equipo. Ante tal desfachatez, la enfermera, en un inusitado ataque de deber cívico, se puso en contacto con la directora para advertirle de que la decisión era de la residencia, pero que si sucedía algo la responsabilidad era también nuestra y, particularmente, de ella como representante legal de la entidad.

      A mí me cuesta bastante ser políticamente correcto. Iba a decir que posiblemente porque no soy el director, pero lo fui de otro centro y tampoco llamaba mucho la atención por callarme lo que pensaba. Es curioso cómo repartimos las culpas. Se me ocurrieron varias cosas sobre la marcha según me comentaba una compañera la frase de marras, soltada con una absoluta falta de sensibilidad, empatía y asunción de obligaciones por parte de Sanidad. Por ejemplo:

• Si confinamos catorce días a la persona que acaba de ingresar y esto le produce trastornos de ansiedad, psicológicos, depresión, inseguridad e imposibilidad de adaptación, ¿la responsabilidad sería del Centro de Salud?

• Durante los dos meses y medio en mitad del estado de alarma en los que desde los Centros de Salud no se hacían test a las personas residentes ni al personal, ni se suministraban mascarillas ni EPIS y se nos obligaba a confinar solo por presentar síntomas (con personas mayores de 80 años en su mayoría ¿quién cojones no tiene tos seca, problemas respiratorios o diarrea?), si hubiera sucedido una desgracia, ¿le responsabilidad también hubiera sido nuestra?

• El equipo técnico ha constatado en las revisiones de PAI (Programa de Atención Individual) de las personas residentes que todas han empeorado a nivel anímico, con más episodios de agresividad, inestabilidad emocional, mayor número de caídas y deterioro funcional, tanto en actividades básicas de la vida diaria como en movilidad. Tampoco respetamos entonces las normas establecidas por la administración que pedía que durante el estado de alarma se les confinara en sus habitaciones o pasearan por un pasillo, eliminando las terapias y los espacios comunes y sin establecer el más mínimo protocolo de visitas y/o salidas del centro ni para pasear hasta después de pasar más de tres meses encerradas. ¿Eso de quién es responsabilidad? Y si llegamos a hacer caso ni te quiero contar, porque para algunas, el deterioro ya es irrecuperable.

• Según la propia Orden publicada en el BOJA el 1 de septiembre, aunque hay otras variables menos importantes que, curiosamente, no establecen con la más mínima claridad, si en un distrito sanitario existe una incidencia acumulada de más del 60% en los últimos 14 días, el Centro de Salud debe de informar y mandar el cierre de los centros sociosanitarios. En el distrito sanitario de Córdoba capital dicha incidencia es del 165,8, pero parece ser que no es preocupante porque «cumplimos» otros criterios como la sectorización, que darían para otra entrada de blog. La responsabilidad, si sucede algo, estoy convencido de que también va a ser nuestra por uno u otro motivo.

• Cada residencia sin médico en plantilla, tiene asignado por ley un facultativo que debe asistir al centro para atender a las personas mayores; generalmente un día por semana. Llevamos tres semanas siendo atendidas solo por teléfono, incluso cambios de tratamiento, porque la doctora dio positivo en COVID-19 y parece ser que no hay nadie para sustituirla. ¡Qué lástima!

• La Junta de Andalucía adquirió el compromiso de pasar test rápidos a todas las residencias cada semana poco antes de concluir el estado de alarma; poco después pasó a decir que si en los centros no se detectaban positivos se realizarían cada dos semanas. Desde entonces, finales de mayo, solo nos han pasado el test dos veces.

• Como no tenemos problemas de más debido a los confinamientos selectivos de personas en contacto directo con otras que han dado positivo en PCR (dos trabajadoras han estado 14 días de baja por este tema y otras dos, por seguridad, se han pasado algunos días en su casa sin baja), otra compañera debía de operarse el martes que viene y, obviamente, no se puede esperar a última hora para prorrogar contratos de sustitución, etc etc. La llamaron el viernes para retrasar la operación porque no hay anestesistas. Yo conozco algunas en paro, pero debo de tener mal la información.

     Lo mismo soy un poco exagerado con estos detalles, y deberé de confiar plenamente en que la enfermera encargada del seguimiento de la COVID-19 tenga a bien ser igual de exigente con sus jefes, directos e indirectos, y señalarles estas menudencias que, seguro, no tienen nada que ver con la responsabilidad del Sistema Andaluz de Salud ni de la Consejería de Salud y Familias.

      Bobo que es uno: «soy la administración y te jodo cuándo, cómo y dónde quiero».