Blind Justice, by Pavel Constantin

      «La ley jamás hizo a los hombres un ápice más justos; y, en razón de su respeto por ella, incluso los mejor dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia»; lo dijo Henry David Thoreau que, como es bien sabido, no se destacó precisamente desde su juventud por untar con mantequilla a las leyes que consideró injustas. Que eran muchas y duras. Primero renunció a seguir dando clases en la escuela pública de Concord para no tener que infligir castigos físicos al alumnado; luego se tiró seis años sin pagar impuestos que mantuvieran la esclavitud y la guerra contra México; más tarde se fue a vivir dos años al bosque con lo justo hastiado de la sociedad materialista; y no contento todavía colaboró como activista en el Underground Railroad, un ferrocarril clandestino que ayudaba a liberar esclavos africanos de las plantaciones.

      Dicen por ahí quienes las imponen, que las leyes son un fabuloso instrumento para la convivencia y el respeto mutuo. De control social, pérdida de dignidad y de estulticia hablan menos, pero no hace falta hilar muy fino ni viajar en una máquina del tiempo para descubrir la cantidad de normas inmorales e injustas que han tenido que ser luchadas desde la calle o desde la conciencia individual en un primer momento para conseguir que fueran modificadas: desde el derecho al voto de las mujeres hasta la obligatoriedad del servicio militar.

      Y en estas estamos cuando en Córdoba, la semana pasada, gracias a una de esas normas escritas que hay que cumplir no se vaya a descarriar el rebañico por más ridícula y antidemocrática que pueda parecer, la Junta Electoral decidió que Ganemos en Común no podía concurrir como partido a las elecciones municipales. El motivo: un partido fantasma sin implantación ni representación política, registró el nombre de Ganemos en 2014 y es quien se va a poder presentar tanto en la capital andaluza como en Pinto y en Bilbo. Es la ley, majos, qué más da la estafa.

      Lo malo es que mirando a nuestro alrededor sin ir más lejos, seguro que descubrimos insensateces del tamaño del sol que son tan legales que no se les puede ni toser so pena de que, encima, te pongan una sanción. Recuerdo en una de estas cuando uno de los profesionales del Área de Inspección de la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Andalucía vino al centro para ver si todo estaba en orden y cumplíamos punto por punto los requisitos de la acreditación. Paseábamos por las habitaciones y, de repente, se quedó mirando a la entrada y comentó:

      –Estas puertas antiincendios no pueden tener cuña, precisamente porque si se impide que cierren solas por su mecanismo no protegen en caso de incendio.

       Puse cara rara y torcí la boca, como explicando sin palabras que sería preciso que los señores inspectores, en vez de tanto mirar las cosicas lo bien o mal que están, se pasaran una semana en una residencia de personas mayores.

      –Ya, pero es que si no les ponemos cuña, ¿me puedes explicar como sería capaz de entrar en la habitación de forma independiente una persona de más de 80 años con lo que pesa la puñetera puerta? Que puedan entrar en su casa, que es lo que es su habitación, nos parece prioritario.

      Se encogió de hombros, y no dijo nada. Lo mismo se le pasó por la cabeza que las probabilidades de que una residencia de mayores arda es de 1 entre 1 000 000, pero la realidad es que cerca del 90% de las personas que viven en nuestra residencia no podrían acceder a su cuarto en virtud de la normativa de marras.

      Las cuñas siguen puestas en las puertas, y Ganemos en Común sigue sin poder presentarse a las elecciones. La ley es como la patria, el último refugio de los canallas, parafraseando al Dr. Johnson.